Introducción: Un cambio de paradigma basado en la evidencia

Al cumplirse el primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el debate público en México ha transitado de la especulación política al análisis de resultados tangibles. El documento Prosperidad Compartida, que funge como el reporte estratégico de este primer ciclo (2024-2025) y la hoja de ruta hacia 2030, no es simplemente un informe de actividades; representa la consolidación de una doctrina económica que desafía los modelos tradicionales de desarrollo. Bajo una conducción caracterizada por el rigor científico y la planeación técnica, el gobierno ha postulado una tesis central: la justicia social no es un remanente del presupuesto, sino una variable macroeconómica fundamental para la estabilidad.

El concepto de “Prosperidad Compartida” define un modelo donde el crecimiento económico y la redistribución del ingreso operan de manera simultánea y no secuencial. A diferencia de décadas anteriores, donde se priorizaba la estabilidad financiera a costa de la contención salarial, la estrategia actual demuestra que es posible mantener la disciplina fiscal con una deuda pública controlada en el 50% del PIB mientras se expande agresivamente la inversión social y la infraestructura productiva.

Este análisis desglosa los componentes técnicos de este primer año de gestión, examinando cómo la combinación de un “piso social” robusto, una política industrial de contenido nacional y un nuevo paradigma energético están reconfigurando el perfil económico de México. Los datos sugieren que el país no solo ha logrado una transición política tersa, sino que ha entrado en una fase de “estabilidad con dirección”, donde la certeza jurídica y la rectoría del Estado buscan potenciar, y no inhibir, la inversión privada y el bienestar colectivo.

Estabilidad Macroeconómica: El mito de la austeridad vs. inversión

Uno de los hallazgos más relevantes del primer año de gobierno es la resiliencia de los fundamentales económicos frente a un entorno global volátil. Contrario a los pronósticos de inestabilidad financiera al inicio del sexenio, los indicadores clave muestran un fortalecimiento de la economía real. La inflación se ha estabilizado en un 3.5%, el nivel más bajo desde 2021, lo que ha permitido proteger el poder adquisitivo de los salarios. A su vez, el tipo de cambio se mantiene competitivo y robusto, cotizando por debajo de los 19 pesos por dólar, lo cual refleja la confianza de los mercados internacionales en la gestión hacendaria de México.

Lo que resulta analíticamente interesante es el motor de este crecimiento. El Producto Interno Bruto (PIB) creció un 3.2% en 2025, impulsado principalmente por el mercado interno, que hoy representa el 70% del PIB. Este dinamismo no es accidental; es el resultado de una política deliberada de recuperación salarial. El salario mínimo aumentó un 12% durante el último año, acumulando una recuperación real superior al 100% respecto a 2018.

Este enfoque ha generado un círculo virtuoso: mayores ingresos en la base de la pirámide incentivan el consumo, lo que a su vez estimula la producción nacional. La Inversión Extranjera Directa (IED) validó esta estrategia alcanzando un récord histórico de 36 mil millones de dólares solo en el primer semestre de 2025, impulsada fuertemente por el fenómeno del nearshoring y la confianza en el nuevo marco de desarrollo. El desempleo, situado en un 2.7%, se coloca como uno de los más bajos a nivel global. Estos datos confirman que la responsabilidad fiscal es compatible con una política laboral progresista.

El Piso Social como Infraestructura Económica

En la visión de Prosperidad Compartida, el gasto social ha dejado de ser una medida asistencial para convertirse en un sistema de derechos con impacto económico directo. La administración ha institucionalizado un “piso social” que abarca pensiones, becas y apoyos productivos, con una inversión histórica de 850 mil millones de pesos que beneficia a 32 millones de familias. La premisa técnica es clara: reducir la vulnerabilidad social disminuye la volatilidad económica.

Un componente innovador de este primer año es la implementación del Sistema Nacional de Cuidados. Al reconocer el trabajo de cuidados que equivale al 24% del PIB como una actividad económica y un derecho, el Estado libera tiempo para que las mujeres puedan incorporarse al mercado laboral formal. Las cifras respaldan la eficacia de esta medida: la participación laboral femenina alcanzó un récord histórico del 48%, reduciendo la brecha salarial al 13%.

Además, programas como “Sembrando Vida” y las becas educativas no solo funcionan como transferencias de efectivo, sino como inyecciones de capital en comunidades rurales que históricamente habían quedado al margen del desarrollo financiero. La reducción de la pobreza en 5.1 millones de personas entre 2018 y 2022 sentó las bases, y la estrategia actual busca profundizar esta tendencia, reduciendo la pobreza multidimensional por debajo del 20% para 2030. La justicia social, bajo esta óptica, actúa como un estabilizador de la demanda agregada, protegiendo a la economía nacional de choques externos al fortalecer el consumo local.

Plan México: La Nueva Infraestructura y Reindustrialización

El gobierno de Sheinbaum ha recuperado explícitamente el papel del Estado como planificador estratégico, alejándose del laissez-faire para adoptar una política industrial activa denominada “Plan México”. El objetivo es ambicioso pero necesario ante la reconfiguración de las cadenas de suministro globales: convertir a México en la décima economía mundial para 2030.

La estrategia se centra en incrementar el contenido nacional. La meta establecida es que, para el final de la década, al menos el 50% del consumo nacional provenga de productos hechos en el país. Esto implica una transición de la maquila tradicional de bajo valor agregado hacia industrias de alta tecnología, como la electromovilidad, los semiconductores y la biotecnología.

Para lograrlo, la infraestructura logística juega un rol preponderante. La inversión pública en infraestructura superó el 3.6% del PIB en 2025, la cifra más alta en una década. El despliegue ferroviario es la columna vertebral de este plan:

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  Tren Maya: Consolidado como eje de desarrollo del sureste con 1,554 km de vía

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  Corredor Interoceánico: Conectando el Pacífico y el Golfo con ocho polos industriales activos.

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  Trenes de Pasajeros y Carga en el Centro-Norte: Incluyendo las rutas México-Querétaro y el planeado Tren del Norte hacia Nuevo Laredo.

   

La creación de “Polos de Bienestar” busca descentralizar la inversión, llevando oportunidades industriales al sur-sureste y al bajío, reduciendo las asimetrías regionales. Este despliegue de capital físico está diseñado para reducir los costos logísticos en un 25%, haciendo a la industria nacional más competitiva internacionalmente.

Energía: Soberanía, Transición y Certeza Regulatoria

Quizás el área de mayor ajuste estratégico ha sido el sector energético. El documento Prosperidad Compartida delinea un “Nuevo Paradigma Mexicano” que equilibra la soberanía con la sustentabilidad. La administración ha definido reglas claras: el Estado mantiene la rectoría con el 54% de la generación eléctrica a través de CFE, permitiendo una participación privada del 46% bajo esquemas regulados. Esta definición ha disipado la incertidumbre regulatoria, permitiendo que la inversión fluya hacia donde el país la necesita.

La transición energética se aborda no como una imposición externa, sino como una oportunidad de soberanía tecnológica. México ha lanzado el Programa Nacional de Hidrógeno Verde con una inversión inicial de 15 mil millones de dólares, posicionándose como líder regional en este vector energético. Asimismo, la empresa estatal Litio para México (LitioMx) avanza en la gestión de este mineral crítico para la electromovilidad.

La meta es clara y medible: alcanzar una participación de energías limpias de entre el 38% y el 45% para 2030. A diferencia de administraciones pasadas, la inversión en Pemex y CFE (340 mil millones de pesos en 2025) se orienta tanto a la seguridad energética reduciendo importaciones de combustibles como a la modernización de la matriz eléctrica. La energía se concibe ahora como un derecho habilitador del desarrollo, garantizando tarifas justas y abasto confiable para la industria que se busca atraer.

Seguridad Integral: Inteligencia sobre Fuerza

La seguridad pública, condición sine qua non para la inversión y el bienestar, ha experimentado un giro hacia la “Seguridad Eficaz”. La estrategia se aleja de la confrontación reactiva para centrarse en tres pilares: inteligencia, prevención y fortalecimiento institucional.

La Guardia Nacional, con más de 140 mil elementos, se ha consolidado no solo como fuerza de despliegue, sino como una entidad con capacidades de proximidad y operación científica. El uso de tecnología y la integración de bases de datos mediante la Plataforma Nacional de Inteligencia Criminal han permitido atacar las estructuras financieras y logísticas del crimen con mayor precisión.

Pero el componente más distintivo es la prevención social. Al atacar las causas raíz de la violencia —falta de oportunidades, deserción escolar, marginación mediante los programas de bienestar, se ha logrado una reducción del 18% en delitos patrimoniales y del 22% en violencia doméstica en los municipios con mayor cobertura social. Los resultados generales del primer año son alentadores: una disminución del 10% en delitos de alto impacto y del 7% en homicidios dolosos. La paz se construye, según este modelo, mediante la presencia del Estado en forma de servicios y justicia, no solo de patrullas.

Conclusión: La Ruta hacia 2030

A un año de gobierno, la administración de Claudia Sheinbaum ha logrado establecer una narrativa de eficacia y rumbo. El modelo de Prosperidad Compartida ha demostrado que es posible alinear los incentivos del mercado con las necesidades sociales, generando un entorno de estabilidad que atrae capital (IED récord) mientras reduce la desigualdad (coeficiente de Gini en mínimos de tres décadas).

La visión hacia 2030 es pragmática y cuantificable: elevar la inversión fija bruta por encima del 28% del PIB, reducir la pobreza multidimensional a menos del 20% y consolidar una matriz energética limpia y soberana. México se encuentra en un momento definitorio, transitando de ser una economía de manufactura básica a una potencia industrial con innovación y justicia social.

Para los inversionistas, analistas y ciudadanos, el mensaje es de certidumbre. Hay dirección, hay control de las variables fundamentales y, sobre todo, hay un plan de Estado que trasciende la coyuntura política inmediata. La “Prosperidad Compartida” no es solo un eslogan de campaña; es la arquitectura institucional del México moderno que se está construyendo hoy.

Para profundizar: Si deseas acceder al análisis completo, las tablas de indicadores y los detalles técnicos del Plan Nacional de Desarrollo y los proyectos de infraestructura, te invitamos a consultar la fuente original.

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