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La crisis de salud que vive México tiene un origen silencioso, lento y devastador: la obesidad mórbida. Este no es solo un problema estético ni un desafío individual; es la base sobre la cual se construyen muchas de las enfermedades más letales y costosas para el país. Entre ellas, destaca una que ha escalado posiciones de forma alarmante: la enfermedad renal crónica (ERC).

En 2021, la ERC se convirtió en la quinta causa de muerte en México. Lo más grave es que su impacto ha crecido a un ritmo explosivo: entre 1990 y 2017, la mortalidad asociada aumentó 102 %, un reflejo del deterioro acelerado de la salud pública. El sufrimiento humano detrás de estas cifras es inmenso, pero también lo es la carga financiera que recae sobre el IMSS y, en última instancia, sobre el Estado mexicano.  

Frente a este panorama, ignorar las soluciones innovadoras es un lujo que el país ya no puede darse. Por eso, el programa piloto de semaglutida para pacientes con obesidad mórbida, acompañado de nutrición, actividad física, apoyo psicológico y seguimiento clínico, no solo es una opción razonable: es una necesidad urgente.

Un problema de salud que desborda al IMSS

Las personas con obesidad severa tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y, especialmente, daño renal. Cada uno de estos padecimientos es costoso, complejo y requiere intervenciones médicas prolongadas.

Pero cuando la enfermedad renal avanza sin control y un paciente llega a necesitar hemodiálisis, el costo para el Estado se dispara.

El cálculo es contundente:

• El costo de por vida de un paciente en hemodiálisis ronda el millón, trescientos mil pesos $1,289,291 pesos.
• En contraste, el costo por paciente del tratamiento integral con semaglutida por 68 semanas es de $136,283 pesos.

Eso significa que prevenir un solo caso puede representar un ahorro para el IMSS de más de un millón de pesos por paciente, $1,153,000 pesos. En un piloto de apenas 1,000 pacientes, el ahorro estimado supera los $1,153 millones de pesos.  

Es difícil encontrar, en cualquier política pública, un retorno más claro, más rápido y más humanamente significativo.

La semaglutida: una herramienta preventiva con evidencia sólida

La propuesta del programa piloto no parte de un experimento incierto: se sustenta en evidencia científica robusta. Los estudios STEP, un ensayo clínico que evalúa la eficacia de la semaglutida, publicados en revistas de prestigio como The New England Journal of Medicine, demuestran que la semaglutida en dosis de 2.4 mg, combinada con cambios en el estilo de vida, logra pérdidas de peso de más del 17.5 % en promedio, y en muchos casos supera el 25 %. Este nivel de reducción no es simplemente cosmético: transforma de raíz el riesgo metabólico de los pacientes.  

En personas con obesidad sin diabetes, la semaglutida disminuye el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Esto, por sí solo, evitaría miles de complicaciones (amputaciones, ceguera, pie diabético, infartos) que cada año saturan los hospitales del IMSS.

Y lo más importante: un tratamiento preventivo eficaz detiene el avance hacia la enfermedad renal crónica, lo que significa evitar sufrimiento humano, años de vida perdidos y una sangría financiera para el Estado.

¿Por qué es beneficioso para los mexicanos más vulnerables?

Porque quienes más sufren las consecuencias de la obesidad no son quienes pueden pagar tratamientos privados, sino los millones de mexicanos que dependen del sistema público.

La progresión hacia diabetes o enfermedad renal no solo implica padecimiento físico:

• reduce drásticamente la productividad
• genera gastos catastróficos para familias de bajos ingresos
• impacta a cuidadores
• perpetúa la pobreza.

Las políticas preventivas son, por lo tanto, políticas sociales.Un programa como este ofrece a los pacientes algo que el sistema hoy no les brinda: una ruta clara para recuperar salud antes de llegar a complicaciones irreversibles.

Beneficios para el gobierno: prevención que ahorra y fortalece al sistema

La inversión inicial en semaglutida puede parecer elevada, pero cuando se compara con los costos de la enfermedad avanzada, la lógica es indiscutible. El programa piloto permitiría:

1. Ahorros multimillonarios

Cada paciente que evita la hemodiálisis representa más de un millón de pesos en ahorros. Con 1,000 pacientes, el IMSS ahorra más de 1,153 millones. Con 10,000, hablamos de 11 mil millones.  

1. Menor saturación hospitalaria

Las camas de hospital liberadas, la reducción de urgencias y la menor necesidad de terapias altamente especializadas permiten que el sistema opere con mayor eficiencia.

3. Mayor productividad laboral

Menos enfermedad crónica implica trabajadores más sanos y menos incapacidades, lo cual beneficia directamente al aparato económico y al propio IMSS como institución aseguradora.

4. Contribución a metas nacionales de salud

El programa ayuda a desacelerar la prevalencia de obesidad al 2030, alineado con indicadores del Programa Sectorial, y aporta a la estrategia humana y financiera de sostenibilidad del sector salud.  

Un piloto que puede transformar la política pública

El éxito del piloto permitiría escalar la estrategia, obtener mejores precios de compra por volumen, mejorar protocolos clínicos y construir capacidades institucionales. Más allá del medicamento, esto genera un beneficio sistémico:

• mejores procesos
• mayor profesionalización
• aprendizaje institucional
• modelo replicable en otras enfermedades crónicas.

En un país donde el tratamiento es mucho más costoso que la prevención, este tipo de programas representan cambios estructurales, no paliativos temporales.

Prevenir cuesta poco, no prevenir cuesta vidas y fortunas

México se encuentra en un punto crítico. La enfermedad renal crónica y la diabetes están devorando recursos públicos, vidas y oportunidades. El IMSS tiene ante sí una alternativa de alto impacto y evidencia sólida: un programa piloto de semaglutida que puede mejorar la salud de miles de personas y ahorrar miles de millones de pesos.

Invertir en prevención no solo es sensato: es un acto de responsabilidad pública y de justicia social. Ignorarlo sería perpetuar un modelo que ya mostró sus límites y que el país simplemente no puede seguir financiando.

Hoy tenemos razones de peso para actuar. Y cada día que pasa sin hacerlo tiene un costo que México ya no debe pagar.